El Gobierno no aplicará restricciones al giro de dividendos en divisas al exterior para las empresas internacionales que inviertan en el país. Y, no lo hará, promete, en toda la gestión; aunque la situación de las reservas empeore. Esta medida, creen en el oficialismo, será una prueba de confianza crucial para que los potenciales inversores decidan abrir sus planes de apuesta por el país. Piensan en el gobierno de Alberto Fernández, que se trata de un punto clave, para despejar una de las principales dudas que generaron las medidas restrictivas decididas el fin de semana. Y es un distanciamiento fundamental al cepo aplicado en la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Los primeros que recibirán este dato serán en las próximas horas, las petroleras que apostaron por Vaca Muerta y que están hoy preocupadas por el alcance de las restricciones al acceso a las divisas dispuesto el martes por el Banco Central. Especialmente en el capítulo destinado a trabar el acceso a dólares para las empresas que tienen vencimientos de deudas en el último trimestre del año. La sospecha de muchas multinacionales que apostaron o piensan hacerlo en algún proyecto productivo (pocos, pero los hay), es que las restricciones avanzarían también, al menos de manera temporal, en este tipo de trabas; con lo que se imponían aclaraciones rápidas sobre las intenciones del oficialismo.
La alternativa no está escrita en ninguna de las disposiciones de la entidad que maneja Miguel Pesce, ni en el capítulo para los particulares ni para las empresas; pero, la sospecha concreta era que sería una alternativa más que podría aparecer sólo horas después de los anuncios.
El Gobierno quiere que el mensaje sobre la garantía de la posibilidad de giro de rentabilidades esté asegurado, quiere que legue a los sectores que, se cree, más cerca pueden estar de potenciar inversiones en el muy corto plazo. En el listado del oficialismo se encuentra, además del petrolero vinculado a Vaca Muerta, planes vinculados a la construcción, minería, litio, la actividad agropecuaria en general.
El Gobierno se hace cargo de un deber importante: sabe que no está generando clima de negocios y de perspectivas de confianza sobre los empresarios, y considera que los mensajes hacia el sector privado tiene que cambiar. Y que hay una meta que no debe perderse de vista.
Resulta imprescindible que se tome como política de Estado la necesidad de incrementar las exportaciones, pasando del promedio actual de u$s60.000 millones a los u$s90.000 millones hacia el 2025. Sólo así, sabe el Gobierno, podrá generar la suficiente cantidad de divisas como para poder hacer frente a los vencimientos de deudas generados por el flamante cronograma de pago a los acreedores fruto de la reestructuración.
El temor de los privados, era que se aplicaran trabas al acceso de divisas al precio de cotización oficial, el capítulo que más temor genera a los capitales extranjeros. Era una medida que se aplicó en los últimos años de gestión de Cristina Fernández de Kirchner, en paralelo al cepo para el acceso de dólares para ahorro de los particulares.
La restricción permaneció sin reglamentar pero firme en su aplicación, hasta el segundo semestre del 2015. Recién ante las elecciones presidenciales que llevaron a Mauricio Macri al poder, las limitaciones se fueron flexibilizando. La normalidad llegaría recién en el primer trimestre del 2016. En el medio, muchas empresas decidieron utilizar sus pesos acorralados en el país para aumentar sus activos físicos en territorio local.
Fuente: Ambito
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