Cuando faltan solamente 10 días para el cierre del Período de Invitación para el canje de 21 bonos de la deuda externa de la Argentina por el equivalente a cerca de u$s 65.000 millones, las autoridades analizan revisar la estructura legal de la oferta como prenda para que los acreedores acepten que no habrá más pagos. El 4 de agosto finaliza el plazo para entrar al canje, aunque técnicamente podría extenderse hasta el 30 de agosto, días antes de la liquidación, prevista para el 4 de septiembre.
La reasignación de bonos para forzar mayorías automáticas sin que estas existan en la realidad, denominada “estrategia Pacman”, podría ser enclaustrada para no perjudicar a los “bonistas calificados”, tal cual pidieron los tres grupos de acreedores el lunes. De esta manera, la reasignación solo se aplicaría -en caso de hacer falta- sobre tenedores minoritarios y no sentaría un precedente legal negativo para los fondos que participarán en otras reestructuraciones de deuda en el mundo en los próximos meses.
Los grupos Ad Hoc, Exchange Bondholders y el Comité de Acreedores de la Argentina (ACC) aseguran tener más de un tercio de la deuda elegible en conjunto. Llegaron a poseer casi un 40%, antes de que Greylock Capital, dejara el ACC y aceptara la oferta (al igual que Fintech Advisory y Gramercy Funds, que nunca integraron el comité, según un asesor financiero), mientras que el 60% de los acreedores no está identificable para el Gobierno, aunque se sabe que Pacific Investments Management Company (PIMCO) y Templeton tienen algunos bonos a canjear.
En el Gobierno estiman que en realidad los tres grupos de acreedores juntos suman cerca de un 30% y que están “cartelizados”.
La diferencia que separa el deal son unos u$s 6000 millones a lo largo de la vida útil de los bonos o unos u$s 300 millones por año. “La ecuación costo-beneficio arroja que es más favorable un acuerdo, aunque será difícil si el Gobierno no se mueve en los términos financieros”, sostiene el economista Miguel Kiguel, director de Econviews.
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