Desde ir con uñas y dientes a la Justicia hasta hacer un acto heroico por la pandemia, las alternativas que analizan las personas con patrimonios mayores a $200 millones -quienes serían alcanzados por el impuesto a la riqueza- preparan las maneras de hacerle frente a este gravamen extraordinario mientras el proyecto de ley avanza en el Congreso.
En el universo de personas delimitado por un piso de $200 millones, hay quienes pueden tener mucho patrimonio, pero poca liquidez, y pueden verse obligados a desinvertir para poder hacerle frente al tributo, y también, como este impuesto no considera pasivos, hay quienes pueden estar muy endeudados a pesar de contar propiedades, inversiones productivas y otros activos que se podrían gravar.
Por lo tanto, la situación para hacer frente a, como mínimo, $4 millones a los que obliga la primera escala de la tabla (sin contar la alícuota sobre el excedente), es diversa. Por ejemplo, cita Miguel La Vista, del estudio La Vista Casal, hay posibles aportantes que entre Bienes Personales y este gravamen estarían pagando hasta un 7,5% de su patrimonio, y otros a los que el impuesto no solo alcanzaría a la rentabilidad de sus inversiones, sino también a su salario.
Desde ya que hay personas que analizan esto en términos ideológicos: cuentan los tributaristas que hay clientes que se quejan de que ellos sean los que deben hacer el aporte mientras que “la política” no lo hace, y otros que, en caso de que el impuesto prospere en el Congreso, elegirían pagarlo “por única vez” como un acto de responsabilidad cívica.
En la otra punta, están quienes ya tomaron decisiones respecto de su patrimonio, como Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, que cambió su residencia a Uruguay, o quienes armaron un trust irrevocable: es un fideicomiso que no vuelve más al aportante. Requiere un trustee (administrador) independiente y un protector que controla que no pueden tener grado de parentesco ascendente, descendente y lateral hasta tercer grado.
Los que quedaron más cerca del piso, confirma Passarelli, piensan en judicializarlo. Puede salir mal, advierte: en caso de que se pierda el caso en la Justicia, la deuda con la AFIP será mayor, ya que incluirá intereses desde el momento en el que se debería haber pagado el gravamen y sin descartar la posibilidad de una multa, suma.
Cuidado con los atenuantes, advierte La Vista, que son dos: que el tipo de cambio que se tome esté cerca de $60 (según el comprador del Banco Nación al 31 de diciembre de 2019) y que sea un aporte “por única vez”. Y nunca hay que desestimar el poder de la imagen pública. Asegura el tributarista que hay quienes le temen a la exposición: a los potenciales contribuyentes los protegería el secreto fiscal, pero en caso de iniciar una demanda judicial, ¿no se conocerían sus nombres?
fuente:La Nacion
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